El tratamiento de casos de violencia machista en la provincia evidencian la falta de estructuras de prevención y protección del género. Este medio dialogó con un abogado que lleva varias causas y con familiares de víctimas. 

 

Clarise Sánchez Soloaga
csanchez@ellitoral.com.ar

 Graciela, Antonia, Hilda y Eugenia son las cuatro víctimas de femicidio de este año en Corrientes. Ellas dejaron de criar a sus hijos y nietos porque alguien se creyó dueño de sus vidas y con derecho de quitárselas. Las hicieron abandonar sus sueños, porque ¿quién no los tiene? y hoy forman parte de una triste lista de mujeres que fueron apuñaladas, algunas más de 100 veces, asesinadas con balas en su cuerpo, golpeadas hasta cincuenta veces contra una pared, y como si esto fuera poco, a algunas las arrojaron al costado de una ruta, las dejaron caminar hasta desvanecerse o las enterraron, peor aún a otras permitieron que sus hijos las vean cubiertas en sangre y a otras las dejaron parapléjicas hasta que su corazón dijo basta. 
El femicidio es el resultado último de la violencia de género y no surge de la noche a la mañana, esta se encuentra en este mundo desde su inicio y se mantiene hoy en la estructura social y cultural que, a pesar de algunos avances normativos, no permite que las condenas que se logran resulten ser aplicadas de forma efectiva. El no entender y asumir desde todos los sectores de la sociedad que la muerte de una mujer por el solo hecho de serla, es un crimen de lesa humanidad lleva a que hoy hablemos de casos como el de Elizabeth Verón (el femicida no pasó ni 24 horas en una cárcel común), niña M (encontrada muerta en un orfanato luego de denunciar abusos en una comisaria), Adriana Ayala (le cortaron el rostro en una panadería, sobrevivió) y de Tamara Zalazar (adolescente captada por medio de una red social). Estos últimos casos ejemplifican cómo es vista y tratada la violencia machista en la provincia.

Eli, ¿sólo un símbolo?
Su rostro dibujado en banderas que se levantan en las marchas de género, un mural en el centro de la ciudad, un refugio con su nombre, funcionarios presentes el día que dictaron la condena, abogados defensores pidiendo que la sociedad no influya en la decisión que tomen los jueces y dos hermanas que levantaron su voz y la de muchas convirtiéndose en referentes en esta lucha no fueron suficientes para lograr que el femicida Adrián Sosa García cumpla su condena en una cárcel común. Hoy en el país se habla de Anahí, pero antes se habló de Chiara, Angeles, Wanda y cuántas más que luego de sus asesinatos machistas, sus familias, sólo (ni más ni menos) piden justicia. “Nos están matando”, gritan hoy miles de mujeres. 
“El caso de Eli fue el más significativo en la provincia, no sólo por el hecho en sí, también porque tuvo que ver con una lucha de organizaciones sociales para visibilizar la existencia de ese hecho y por aportar todos los elementos de prueba para condenarlo. Fue el primer caso del Nordeste que aplicó el concepto de femicidio pero, producto de la falta de ruptura del machismo en la estructura social y cultural, resolvieron desde la Justicia que esta persona no podía estar en una cárcel común y la derivaron a un lugar de semilibertad. A esto se puede dar diferentes lecturas: la respuesta de la Justicia y aplicación de la ley convirtió este caso en algo simbólico porque a la hora de que se aplique la ley,  el femicida no estuvo ni 24 horas en una cárcel común, se resolvió administrativamente que esté en un lugar de semilibertad; además, esto da una fuerte señal con lo que ocurre en espacios patriarcales, no terminan de ver a quien mata a una mujer como delincuente”, dijo a El Litoral el abogado de la familia Verón, Hermindo González. 
En este sentido, agregó que “a la hora del cumplimiento nos encontramos con estas estructuras patriarcales que no hacen cumplir a los responsables, esto es perjudicial porque a la luz de una perspectiva social, si está la norma, se cumple con un proceso y se lleva a una condena, parece que tuviera una respuesta pero volvemos a quedar atrapados en la estructura machista”. 

Denunció abusos
En septiembre del año 2014 una niña de 13 años apareció ahorcada en un hogar de tránsito, horas antes dijo a su madre que había sido abusada en una comisaría. El abogado de la familia, Hermindo González, sostiene que no fue un suicidio y que su muerte fue el resultado de no haber activado protocolos de actuación ante la desaparición de la joven.
 “Me tocó atravesar un caso muy doloroso, el de la niña M, una chica que tenía problemas de convivencia y reportó varias fugas de su casa, ahí empieza a dispararse un sistema conceptual que entiende la inexistencia de protocolos de prevención, de protección, que tiene que ver con una búsqueda humanizada, con un sistema que proteja al género y que no se dispare una búsqueda delincuencial. Cuando detectaron dónde estaba no se disparó un sistema de protección, se la detuvo como a un delincuente y se la llevó a la comisaría de la mujer, ahí le relata a la madre que fue víctima de abusos y se pide que la trasladen, resuelven llevarla a un instituto dependiente del arzobispado y nosotros hasta el día de hoy denunciamos que la ahorcaron. Se investigó como muerte dudosa y luego suicidio”, comentó el abogado a este diario.
Al respecto, analizó que “hay un espiral descendente donde llegamos a un lugar donde no se la ve como una víctima, se piensa que ella se buscó lo que le pasó, ese desprestigio se construye por un estereotipo del joven que se va de su casa”. “No existe una estructura preventiva de la violencia de género, en el plano legislativo hay reconocimientos pero no así en lo cultural y de la misma manera en medios de comunicación, donde no se da el tratamiento que corresponde y llega una visión distorsionada a la sociedad”, sostuvo.
  Para el abogado quien también es referente de la Red de Infancia Robada, “la sociedad está naturalizando que la mujer sea abusada por el hombre y no le interesa la norma y el derecho; si fuera diferente habría una fuerte promoción en lo que es la violencia de género”. Recordó que hay sólo tres condenas por trata de personas en la provincia.

 

Protocolos
El caso de Elizabeth Verón demuestra que lo administrativo superó a la Justicia y fracasó en la aplicación de la condena, según el abogado.  Respecto al caso de la joven M, se evidencia el poco interés en investigar hechos de violencia de género. A esto se suma el de Adriana Ayala, una mujer que fue agredida por la pareja de su ex marido, sobrevivió al ataque y el abogado sostiene que no se puso en marcha protocolos de protección para que el hombre no la golpee semanas atrás y hoy se encuentre ella sin vivienda. 
“El caso ocurrió casi un año atrás en una panadería por Mendoza al sur, quien le cortó el rostro está siendo juzgada y la mujer (Adriana) volvió con su marido. Hace cuestión de un mes, él la golpeó salvajemente, ella hizo la denuncia y logró la perimetral pero hasta hoy no puede recuperar sus pertenencias. Por eso sostengo que deben ser detenidos preventivamente”, dijo González. Este caso comparó con otro que se conoció días atrás, donde otra mujer cuya pareja está detenida por haberla golpeado pide que lo liberen porque es el único que sostiene económicamente a la familia. 
En este sentido, expresó que “estas son las fotos del fracaso del sistema de protección de la mujer víctima de violencia de género, sólo hace unos días una mujer pedía que liberen a su agresor por un plato de comida, volvemos al sistema feudal”. “Hay un fracaso en el sistema de prevención, celebran la existencia de protocolos y está muy bien eso pero cuando ocurren estos hechos los sistemas no funcionan, no aparecen. No hay personal idóneo para que tome la denuncia. Debemos evitar la revictimización que ocurre cuando aparece la gran pregunta de Mirtha Legrand: ‘hija algo habrás hecho’”, opinó.

Captación 
El femicidio de Tamara Zalazar (19) muestra otro costado de la violencia de género. “Es un caso paradigmático porque muestra la captación por redes sociales. Se asocia como amigo el 3 de enero y el día 12 la termina levantando en el vehículo y el 13 aparece muerta, en ese interín tiene registrada 160 llamadas”, recordó el abogado.
El acusado está procesado, “a fin de año se daría lugar al debate oral y público y seguramente la sentencia será condenatoria al máximo de la pena impuesta”. 
Este medio también habló con familiares de otras víctimas quienes plantearon la necesidad de una justicia con visión de género.

¿Qué Sentís?

    Compartir el voto en Facebook
    Ud. ya ha votado el artículo

    + Opinión

    Tapas del día
    Columnistas