Lula da Silva ha sido condenado a más de nueve años de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Todavía puede apelar la sentencia y salir absuelto. Es difícil que lo logre. Sin embargo, Lula continúa siendo el político más popular de Brasil. Y no se trata de que los brasileños pongan en duda que el ex Presidente se benefició ilegalmente de su cargo, sino que no les importa. A la mayor parte le da lo mismo.
En Argentina sucede otro tanto con la señora Cristina Kirchner. Las pruebas sobre la corrupción de ella, su marido, su hijo y su entorno son abrumadoras, pero se impone aquel viejo grafiti de los años cincuenta en respaldo al fundador de la secta: “Puto o ladrón, queremos a Perón”. El peronismo reaccionaba así contra una foto trucada con evidente mal gusto en la que se veía al campeón de boxeo norteamericano Archie Moore sodomizando a Juan Domingo Perón. Hoy un nuevo grafiti, no se sabe si a favor o en contra, se ha posado en las paredes de Buenos Aires: “Ladrona o cretina, queremos a Cristina”.
Carlos Alberto Montaner, en una nota en infobae.com señala que México es otro ejemplo de la indiferencia general hacia la corrupción. Hace pocas fechas, el Instituto Nacional de Estadísticas publicó un estudio en el que se asegura que, como promedio, las empresas mexicanas pagan unos 672 dólares anuales en mordidas a funcionarios deshonestos. Abonaron en total 88 millones de dólares. Sin embargo, los mexicanos, aunque cada vez menos, respaldan al PRI, el partido de gobierno, mientras hacen chistes sobre la inmensa corrupción de una formación que desde hace más de 70 años que saquea al país, aunque reparte migajas, realiza obras públicas e insiste en la retórica revolucionaria.
Las excepciones son Chile, Uruguay y Costa Rica. No es que en estos países no exista corrupción, sino que no hay impunidad, y la ciudadanía no admite de buen grado la deshonestidad de los políticos o de los funcionarios. Hay sanción moral y consecuencias electorales adversas, hasta el punto que, a veces, se falsean las pruebas y los testimonios para destruir la reputación de personas honorables para excluirlas del juego político.
En todo caso, estas excepciones sirven para desmentir la idea de que hay algo fatal en la cultura iberoamericana que nos conduce inevitablemente a la corrupción. Chile es un país andino, como Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, pero mientras estas cinco naciones, emparentadas por la historia y la geografía, exhiben un grado notable de pudrición, especialmente la Venezuela chavista, donde el régimen ha saqueado sin piedad las arcas públicas, en Chile el gobierno de la señora Michelle Bachelet se estremece por los negociados de su hijo basados en información privilegiada, al tiempo que Augusto Pinochet, incluso para sus partidarios, quedó totalmente desacreditado tras saberse, post mortem, que no fue un dictador honrado.
El caso uruguayo es digno de estudio. La composición étnica de la sociedad es similar a la Argentina y durante los siglos coloniales fue parte de la misma unidad política. No obstante, la gerencia pública uruguaya es razonablemente honrada y transparente.
En Centroamérica se repite el fenómeno. De acuerdo con Transparencia Internacional, institución que mide la percepción de corrupción, Costa Rica es, con mucho, la nación más honrada de una región muy variada en la que comparecen, además, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, otros cinco países plagados de escándalos mayúsculos, con ex presidentes presos o escapados del país, como sucede con el salvadoreño Mauricio Funes, asilado en la Nicaragua de Daniel Ortega, gobernante que no poseía un centavo cuando llegó al poder y hoy se le tiene por uno de los más ricos del istmo.

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