Amén de todos los males económicos y políticos que padece nuestro país, la Argentina está transitando desde hace tiempo por un periodo de inestabilidad social con hechos que en nada ayudan a la pacificación, pero sí abonan el malestar generalizado. 
Hoy, en lo que hace al interés judicial, parece que da lo mismo los dimes y diretes del escándalo farandulero Diego Latorre-Natacha Jaitt que la quita de pensiones por discapacidad, el salariazo de los legisladores o la pobreza que no se detienen. 
El común de los argentinos, a decir verdad, están cansados de estas nimias cuestiones, porque la Justicia precisa abocarse a problemas más serios e importantes. Porqué la Justicia se ve impelida a analizar, por ejemplo, un pedido de “bozal legal” para tal o cual personas, cuando el despacho del magistrado desborda de muchos temas más trascendentes.
La “ruta del dinero K”, los negociados de Lázaro Báez con el kirchnerismo, el enriquecimiento ilícito de la ex presidenta, los bolsos con dinero de Josesito López y otros tantos curros del gobierno anterior, son casos que la ciudadanía espera con ansia un fallo condenatorio y ejemplar. 
Pero por ahora no se da. Es como que la Justicia está trabajando al ritmo de la música “Despacito”, sin apuro pero sí con constantes amenazas. Mientras tanto, hechos lamentables y propios de conventillos -además de algunos fallos insólitos- ganan lugares destacados en los medios de comunicación. Algo así como “pan y circo” para que el común de los argentinos no piensen ni insistan en temas mucho más delicado.
No son pocos los que sostienen que “este es el país de la joda”. Y realmente parece que tienen razón, porque este fin de semana tuvo poca trascendencia -léase, no le dieron importancia los medios- un fallo judicial lamentable desde todo punto de vista, por lo que crece la indignación.
A Marisela Pozo, de 27 años, la asesinaron luego de torturarla durante tres horas: la pena a los responsables fue de un año de prisión en suspenso. Dicho más claramente: quedaron libres porque para la Justicia la mataron “sin intención”.
La autopsia mostró que Marisela había consumido drogas, por eso creen que el consumo la llevó a entrar en un estado de paranoia. Los vecinos dicen que la vieron correr desesperada, “fuera de sí”, y que, aunque nadie la perseguía, gritaba que la querían matar. 
Dos de los tres atacantes fueron citados a declarar como testigos. Pero cuando los medios difundieron los videos, dos quedaron detenidos. Un tercero se fugó. La primera carátula fue homicidio simple. Pero lograron que se cambiara a homicidio preterintencional. Es decir, “te maté pero no tuve intención de matarte, sólo quise lastimarte”. 
La Fiscalía de homicidios dolosos de La Matanza hizo un acuerdo en un juicio abreviado y determinó que, efectivamente, había sido un homicidio preterintencional y los condenó a 1 año de prisión de ejecución condicional, por lo que seguirán en libertad. 
Mal que nos pese, este tipo de fallo no sorprende, porque casos iguales hubo antes y -seguramente- seguirá habiendo en el futuro.
Aquí, por ejemplo, se puede inscribir el caso del juez Alfredo Rossi que continúa en el cargo y es el responsable de flexibilizar las condiciones de detención de dos violadores y homicidas, gozando en la actualidad de la protección del sistema político y judicial de la provincia de Entre Ríos
Lo cierto es que en su momento se multiplicaron los pedidos para que Rossi renuncie o sea apartado de del Juzgado de Ejecución de Gualeguaychú. Lo primero no sucedió. El polémico magistrado alegó sentirse deprimido y pidió licencia. El ministro de Justicia Germán Garavano dijo en ese momento que el juez Rossi debía ser removido por el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos. 
En la viña del Señor, todo es posible.

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