Brian Joel Cruz, uno de los acusados por el homicidio de Brian Aguinaco (el joven de 14 años fallecido en Flores) quedó en libertad. Así lo dispuso el juez Enrique Gustavo Velázquez, dado que es menor de edad y no puede ser juzgado. 
Cruz fue deportado a su país de origen, Perú. Había sido apresado por Interpol en Chile, adonde huyó. 
Si hubiese matado en cualquier país de Europa o de América Latina ya estaría preso. Pero, el hecho ocurrió en Argentina, donde la legislación vigente dice que aunque haya cometido un crimen aberrante, si tiene menos de 16 años no es punible, es decir, ni siquiera se lo puede juzgar. 
La norma que establece el régimen penal aplicable a los menores que delinquen es el decreto-ley Nº 22.278 del 25 de agosto de 1980 y lleva la firma de Jorge Rafael Videla. En su artículo, primero se indica que no será punible el menor que al momento del hecho no haya cumplido los 14 años. En mayo de 1983, a través de otro decreto-ley -firmado por Reynaldo Bignone, el último presidente durante la dictadura militar de 1976- se elevó la edad de imputabilidad a 16 años. Según esta ley, el menor de 16 años que haya cometido un delito -una vez corroborada la edad- no debe ser sometido a proceso penal y se debe decretar sin más el sobreseimiento.
Lo cierto es que por una norma que sobrevive de la última dictadura y que sectores del autodenominado progresismo argentino se resisten a modificar, en 16 días un menor de 16 años mató, huyó a Chile, fue detenido por Interpol, puesto en libertad por un juez y entregado a sus abuelos en Perú. 
Del otro lado quedó una familia devastada. Los padres de Brian Aguinaco deberán convivir por el resto de sus días con el dolor más fuerte al que se puede someter a un ser humano: la muerte de un hijo.
Tanto el ciudadano común como el Gobierno tomaron con una mezcla de resignación y bronca la medida de la Justicia que liberó al acusado de matar a Brian Aguinaco, aunque al mismo tiempo reconoce que la ley ampara al adolescente de 15 años porque no se lo puede imputar por su edad.
“Nosotros intervinimos en la detención como fuerza federal. Lo trajimos de Chile. Movimos cielo y tierra, por lo cual la impotencia es total”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La funcionaria acotó: “Tenemos que votar el régimen penal juvenil urgente. Un joven de 15 años es consciente de lo que está bien y lo que está mal”.
El subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Martín Casares, precisó esta semana que el Gobierno enviará al Congreso el proyecto de ley con el que se busca bajar la edad de imputabilidad penal de menores tras las elecciones de octubre, para evitar que el tema se cuele en la campaña.
Es más que comprensible el estado de ánimo de la sociedad ante semejante decisión judicial. La Justicia es así y las leyes están para hacerlas cumplir.
Al juez no le quedaba otra alternativa que dejarlo libre. 
No obstante todo ello, indudablemente, se hace necesario actualizar el Código Penal -pedido que persiste desde hace años- y que se viabilice el proyecto de ley con el que se busca bajar la edad de imputabilidad penal de menores.
Por ahora, está visto que los chicos menores de 16 años pueden matar y quedar libres. Es lo que sucedió con el caso Brian. Quienes no están de acuerdo con la decisión de la Justicia -aplicó la ley- se preguntan: ¿Tenemos que hacer justicia por mano propia?

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